El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 completó su primer día, tras la llegada de 50.000 dosis de Pfizer, y ya tiene una demanda en su contra por, presuntamente, no ajustarse a los derechos de la Constitución. El movimiento Veeduría Ciudadana por la Verdad, conformado por “farmacovigilantes”, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 2064 del 2020, por medio de la cual el Congreso aprobó la estrategia de inmunización contra el coronavirus porque iría en contra del derecho fundamental a la vida.
De acuerdo con los denunciantes, la Corte Constitucional deberá estudiar si el Plan Nacional de Vacunación vulnera el Artículo 11 de la Carta Magna, el cual indica que “la vida es el derecho más importante para los seres humanos”. ¿Cuáles son las razones para tumbar la estrategia de inmunización? Pues según el colectivo, el Gobierno erró al exonerar de toda responsabilidad a las farmacéuticas ante posibles afectos adversos y, además, aprobó una Ley que se ampara en un medicamento desarrollado “con mucha rapidez”.
“En contraposición al derecho a la vida, encontramos que esta Ley 2406 de vacunación, resulta polémica, desde el punto de vista político y social, ya que exonera a las farmacéuticas de efectos adversos de las vacunas y por lo tanto van en contravía de garantizar el derecho a la vida de los pacientes que decidan voluntariamente vacunarse, al no garantizar la seguridad y la efectividad de las Vacunas”.
Dentro de la Ley 2406, como lo denuncia el colectivo, el Artículo 5 sí se refiere a la responsabilidad de los fabricantes, sin embargo, el Congreso decidió que las empresas que produzcan el medicamento, en realidad, serán responsables por “acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de manufactura o de cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de aprobación”.
En contraste, Veeduría Ciudadana por La Verdad cree firmemente que, ante eventuales complicaciones, la responsabilidad caerá sobre los hombros del Estado y no de las farmacéuticas. Por otro lado, en la demanda se le hace una fuerte crítica al ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien a principio de año aseguró que todas las empresas “exigen un acuerdo de confidencialidad” y que ventilar información podría acarrearle sanciones al Gobierno y el corte del suministro de las vacunas al país.
